Habrá que bucear en la memoria para tratar de encontrar esta respuesta: ¿cuál fue la última campaña electoral en que la seguridad no formó parte del discurso de un candidato? Los especialistas sostienen que, en base a las estadísticas de la Provincia, que son avaladas por la Nación, ahora no hay mucho por criticar o por lo menos cuestionar en estos tiempos electorales.

Esos números reflejan que hasta fines de agosto, en Tucumán, el índice de homicidios bajó un 50% con respecto a 2024, una baja parcial que supera a las de otras provincias, como Santa Fe, que contó con la importante ayuda de la Nación con el envío de centenares efectivos de las fuerzas federales que llevaron paz a Rosario. El mes pasado, en cuestión de crímenes, hubo un hito: por primera vez en ocho años no se registró una muerte violenta en el Gran San Miguel de Tucumán, que históricamente concentra el 95% de los asesinatos. Pese a que las cifras en negro siguen siendo elevadas, el índice de delitos contra la propiedad, según los datos de la Policía, descendió poco más del 30% con respecto al año pasado.

Pero hay otros números que también son parte de la seguridad y de los que pocos hablan en la campaña. El tráfico de drogas avanza en el NOA y Tucumán no está ajeno a este problema. Durante 2025 se secuestraron 850 kilos de cocaína, 10 veces más que el año pasado. También se triplicó el decomiso de marihuana.

1- Cambios

Pese a todos los anuncios y planes lanzados, el tráfico de droga se sigue extendiendo del norte al sur. Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero se parecen cada vez más a provincias de frontera por el incremento de decomisos de estupefacientes y mercadería de contrabando. No estaría de más analizar, por ejemplo, por qué la ruta 40 (columna vertebral de la llamada “Ruta de los valles”) y la 34 sólo tienen controles fijos de la Policía de Tucumán cuando estadísticamente está demostrado que por esos caminos se secuestró la mayor cantidad de estupefacientes. Vale la pena aclarar que ambos caminos son nacionales y la responsabilidad de custodiarlos es de las fuerzas federales.

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2- Tecnología

Se esperan propuestas para colaborar con la Nación para la incorporación de tecnología en los controles. Ya no alcanza con los escáneres móviles (la Provincia tiene más aparatos que las fuerzas federales de toda la región) ni con un sistema de radarización que sólo detecta vuelos narcos desde el sur de Santiago. La experiencia de los efectivos y el olfato de los perros son las herramientas que se utilizan en el NOA, la puerta de ingreso de la cocaína y ahora también de la marihuana.

3- Justicia

Otra tarea pendiente es cómo cubrir las vacantes que hay en la Justicia Federal de Tucumán. No es un tema menor. En nuestra provincia no hay empleados ni fiscales suficientes para investigar; tampoco jueces, que deben vigilar la legalidad de los procesos y, por último, magistrados que juzguen a los acusados. Así se entiende por qué hace más de cuatro años que no se desarticula un grupo que se dedica al tráfico de droga a gran escala en estas tierras.

4- Narcomenudeo

La ministra nacional de Seguridad, Patricia Bullrich, días atrás invitó a las provincias a hacerse cargo de la lucha contra el narcomenudeo. Tucumán lo hace casi tres años después de una gran demora, pero jamás recibió un peso por llevar adelante esta tarea. Además, tuvo que hacerse cargo de la compra de reactivos y de la reparación de los aparatos que se utilizan para estudiar la droga que se secuestra. En Tucumán, mantener en vigencia la ley se estaría complicando. El Ministerio Público sólo destinó dos fiscalías para investigar este delito en toda la provincia. La única que tiene un titular es la del Centro Judicial Capital. La de Concepción, que también atiende los casos de Monteros, está subrogada. Entre ambas oficinas, que están de turno los 365 días del año, no suman más de 30 empleados. El colapso, según advierten fuentes judiciales y policiales, no estaría muy lejos.

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5- Salarios

Cuentan los federales que el descontento entre los efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria va creciendo con el correr de los meses. El sueldo inicial de un uniformado es de $600.000, casi la mitad de lo que cobra un agente recién incorporado de la Policía de Tucumán. También tienen serios problemas con las obras sociales, ya que sus servicios se suspenden cada tanto por falta de pago. Los incentivos para prestar servicios en las zonas calientes tientan a muy pocos: en promedio les ofrecen unos $350.000.

Los especialistas coinciden en señalar que esta es una de las principales razones por las que crecieron los índices de corrupción entre los efectivos, especialmente, en Gendarmería, fuerza que tiene a su cargo la custodia de las fronteras. Un abogado que desde hace años recorre los pasillos de los tribunales federales, recurrió a una comparación para reflejar la situación: “los narcos tienen kilos de panes, los que deben detenerlos, y perciben un sueldo similar a migajas”.

6- Leyes

Es indudable que son varias las normas que es necesario modificar o inclusive crear para combatir al narcotráfico. En los últimos tiempos creció considerablemente el transporte de mercadería de contrabando y de estupefacientes por encomiendas. Hoy, por ejemplo, enviar dos kilos de cocaína en una caja de zapatos desde la localidad salteña de Orán hasta San Miguel de Tucumán tiene un costo promedio de $36.500. Esa cantidad de droga tiene en la frontera un valor de U$S7.000. En las calles de Tucumán asciende como mínimo a U$S12.000.

Lo mismo sucede con la marihuana. En la gestión de Alberto Fernández, con la creación del Registro de Programa de Cannabis (Reprocann), se legalizó la producción del cultivo del vegetal para que se consumiera con fines medicinales o recreativos. Pero con la gestión de Javier Milei, el otorgamiento y la renovación de los permisos se demoran e inclusive se han reducido. ¿Las consecuencias? Se incrementó el tráfico porque hubo una fuerte demanda en el mercado negro.

Hay un último ejemplo: el contrabando de hoja de coca. Desde hace más de 40 años que el coqueo sólo está permitido en Salta y en Jujuy. Pero la milenaria costumbre se extendió a lo largo y ancho del país. En Argentina no se produce el vegetal y todo lo que se vende o consume es ingresado ilegalmente al país. En lo que va del año, en Tucumán se secuestraron más de 10.000 kilos. Con esa cantidad se podrían obtener nada menos que $720 millones. Está claro que en el Congreso hay mucho por hacer. Esta es la oportunidad para analizar y debatir cómo frenar a los narcos.